Nuestro país ha enfrentado
largos períodos de estancamiento, y los casos de crecimiento económico y
modernización social tuvieron lugar en un ambiente político autoritario. Sin
embargo, ha llegado el momento de una política constitucional entendida como práctica,
que potencie a consolidar un desarrollo económico y social.
Desde 1985, se han puesto en
práctica alternativas a los programas convencionales para combatir la
inflación; sin embargo, los efectos de estos planes han sido múltiples y en
numerosas ocasiones terminaron por ampliar la brecha que separa a ricos y
pobres.
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